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29
SEP
2014

DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IBI POR EL SECTOR S-9 PUNCTUM MILLENIUM

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID EN RECIENTE RESOLUCIÓN ESTIMA LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR LA AGRUPACIÓN URBANÍSTICA DE PROPIETARIOS PUNCTUM MILLENIUM

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid en reciente Resolución (ver Resolución de 25 de julio de 2014) estima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la Agrupación Urbanística de Propietarios Punctum Millenium, y anula la Ponencia de Valoración Catastral de carácter Colectivo para dicho ámbito, en el cual se había establecido por la Gerencia Regional del Catastro de Madrid con anterioridad un valor de 80 €/m2 como suelo urbano y por el cual se estaba tributando en concepto de IBI al Excmo. Ayuntamiento de Pinto.

Dicha Resolución económico-administrativa que es inmediatamente ejecutiva para el la Gerencia Regional del Catastro de Madrid y para el Excmo. Ayuntamiento de Pinto, supone que a día de hoy a efectos catastrales y para los titulares de suelo en el sector sus parcelas son “rústicas a todos los efectos” ya que no hay Ponencia, y provoca sin embargo, que durante estos últimos cuatro ejercicios el Excmo. Ayuntamiento de Pinto haya recaudado el IBI de los titulares de las parcelas catastrales incluidas en el Sector como “si de tratase de urbano” de una forma ilegal y totalmente injustificada ante una Ponencia de Valoración catastral de carácter colectivo que ha sido anulada, lo que implica que no sólo se haya tributado por IBI mediante una valoración no legal, sino que se haya perjudicado durante estos últimos cuatro ejercicios a los contribuyentes en su capacidad económica real por dicha carga fiscal desproporcionada, cuando sobre dichos terrenos no ha existido plan de desarrollo pormenorizado del ámbito o un Plan Parcial aprobado definitivamente por la Administración.

Con dicha Resolución del TEAR de Madrid se refuerza la posición y el derecho que tienen los titulares afectados por el pago de un IBI “como urbano”, en su pretensión legítima de devolución y recuperación de dichos ingresos indebidos durante estos últimos cuatro ejercicios, como consecuencia de una actuación que ha resultado ser anulada, al ir en contra de la legalidad.

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