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29
MAY
2015

EL TRIBUNAL SUPREMO CLARIFICA LA DOCTRINA FIJADA EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS

ACUERDA LA RESTITUCIÓN DE LOS INTERESES PAGADOS A TENOR DE DICHA CLÁUSULA, SÓLO DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE 9 DE MAYO DE 2013.

La Sentencia dictada por la Sala primera del Tribunal Supremo de 25 de Marzo de 2015, fija doctrina y clarifica los términos de la meritada Sentencia dictada por este Alto Tribunal, el 9 de Mayo de 2013, entendiendo que cuando una cláusula inserta en un contrato de préstamo con interés variable, se declare abusiva, y en consecuencia nula de pleno derecho, procederá respecto a la devolución de los intereses pagados a razón de dicha cláusula, su restitución a partir de la fecha de publicación de la Sentencia de 9 de Mayo de 2013.

Mediante Demanda de Juicio Ordinario, dos consumidores ejercitaban frente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante BBVA), la acción declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y acción de devolución al prestatario de las cantidades abonadas y que se abonen a la entidad bancaria en aplicación de dicha cláusula, así como los intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro hasta la resolución definitiva del procedimiento.

Admitida a trámite la Demanda y emplazada la entidad bancaria a su contestación, se plateó por parte de esta última, excepción de litispendencia o subsidiariamente litispendencia impropia por prejudicialidad civil, y en su virtud, solicitaba se acordase suspender el citado procedimiento, hasta la resolución del Recurso de casación tramitado por ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, autos de recurso 485/2012.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vitoria- Gastéiz, finalmente dictó sentencia en fecha 2 de julio de 2013, por la que acordaba estimar la Demanda planteada por la parte actora declarando la nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre ambas partes, condenando al BBVA a eliminar dicha cláusula del Contrato y devolver todos los importes cobrados hasta la fecha de la Demanda en virtud de la aplicación de la referida cláusula y aquellas que se vayan pagando por su aplicación, junto con los intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro y hasta la resolución definitiva del pleito.

Contra dicha Sentencia, la representación procesal del BBVA interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava, que fue íntegramente desestimado en virtud de Sentencia de 21 de Noviembre de 2013, ante lo cual, la entidad bancaria presentó, por un lado, Recurso extraordinario por infracción procesal, por la pretendida excepción de litispendencia y prejudicialidad civil formulada en la contestación a la Demanda, como quiera que aún no era firme la Sentencia de 9 de Mayo de 2013 dictada por el pleno de Tribunal Supremo, y por otro, se planteó Recurso de Casación, por infracción del principio de seguridad jurídica.

Respecto al Recurso extraordinario por infracción procesal, la cuestión principal radicaba en determinar, si sobre la acción planteada en el citado procedimiento, existía un supuesto de cosa juzgada en relación con las pretensiones formuladas en el procedimiento que dio lugar a la Sentencia de 9 de Mayo de 2013, tanto en lo concerniente al pronunciamiento declarativo de nulidad de la cláusula suelo como en lo relativo a la irretroactividad de la sentencia.

Cuestión ésta sobre la que el Tribunal Supremo se pronunció, acordando su desestimación, por considerar que a la acción de cesación planteada fruto de la acción colectiva ejercitada en el procedimiento anterior, no se acumularon pretensiones de condena y concretas reclamaciones de cantidad, mientras que en la acción individual planteada en el procedimiento que nos ocupa, sí se formularon de dicha naturaleza, pudiendo en consecuencia, entrar a conocer la cuestión relativa a la restitución o no de los intereses pagados en aplicación de la cláusula declarada nula.

En relación con los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para la estimación del Recurso de Casación planteado, éstos se estructuran en los siguientes dos bloques:

1.- El efecto de cosa juzgada planteado en base a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Mayo de 2013, en virtud de la cual se apreciaba el carácter irretroactivo de la declaración de nulidad planteada.

Dicho planteamiento no prosperó, teniendo en cuenta que la acción de cesación planteada en la Sentencia de 2013, no era de la misma naturaleza que la acción individual planteada en el presente caso, donde expresamente se solicitaba la condena a la devolución de las cantidades abonadas por la parte prestataria en aplicación de la cláusula suelo abusiva, y por tanto nula.

2.- Irretroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo cuando se causen trastornos graves para el orden socioeconómico. Sobre dicha cuestión el Tribunal alcanzaba las siguientes conclusiones:

a).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.303 del Código Civil, la declaración de nulidad genera en los contratantes la obligación de restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia de contrato con sus frutos y el precio con los intereses.

b).- La “restitutio in integrum” o efecto que produce la declaración de nulidad de una obligación, implica por regla general, la retroactividad de todos sus efectos al momento en que ésta se concluyó, sin embargo ésta regla no es absoluta, sino permeable a los principios generales del Derecho, entre ellos, el principio de seguridad jurídica.

c).- En este sentido, la Sentencia de 21 de Marzo de 2013 dictada por el TJUE, asienta las bases de limitación a la mencionada retroactividad, en tres grandes pilares, cuales son, la seguridad jurídica, buena fe y riego de trastorno grave con trascendencia al orden público económico.

d).- Entiende el Tribunal Supremo, que la acción individual no es menos incidente en el orden público económico, por resultar ésta insignificante en términos macroeconómicos, ya que el conflicto planteado de manera individual en el presente procedimiento, no es ajeno a la multitud de procedimientos que se tramitan con análogo objeto y sobre los que tendría incidencia o repercusión.

e).- La ilicitud de una cláusula suelo, no radica en la cláusula en sí misma, sino en la falta de transparencia o insuficiencia de información prestada al tiempo de suscribir el contrato de préstamo que la inserta, con conocimiento y conciencia de que la información que se facilita no cubre las exigencias que posteriormente han sido exigidas en la Sentencia de 9 de Mayo de 2013, no siendo posible alegar desde su publicación, la concurrencia de buena fe por los círculos interesados, teniendo en cuenta que desde entonces las partes contratantes podían poner mayor diligencia y tener un certero conocimiento de las exigencias jurisprudenciales sobre el objeto social.

De conformidad con las premisas anteriores, la Sentencia de 25 de Marzo de 2015, concluye, que desde la fecha de publicación de la referida Sentencia ya no es posible alegar para los prestatarios, la buena fe por ignorancia de los términos del contrato, puesto que estos ya podían haber indagado o haber puesto mayor diligencia sobre dicha cuestión, y por tanto, sólo procederá la restitución de los intereses que se hubiesen pagado en aplicación de dicha cláusula, pero única y exclusivamente a partir de la fecha de publicación de la Sentencia de 9 de Mayo de 2013.





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