Nos avala el hecho de tener bastante experiencia en asuntos relacionados con reclamaciones ante la Administración Pública (local, autonómica o estatal) solicitando que se declare su responsabilidad patrimonial o económica en el procedimiento administrativo correspondiente, cuando como consecuencia de una actuación administrativa no acorde a Derecho o por cotidiano uso de un servicio público por parte de los ciudadanos se produce un daño o un perjuicio que es fruto o causa de un anormal o mal funcionamiento por parte de la Administración Pública responsable, presentando la reclamación administrativa previa, las alegaciones y pruebas en el  trámite de audiencia oportuno, realizando las conclusiones necesarias, y entablando los recursos administrativos, o contencioso-administrativos a que pudiere dar lugar el asunto en concreto.

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